Por Jorge G.
3 de Agosto 2021
Cuando de calificar un fenómeno social se trata, no es posible hacerlo atendiendo exclusivamente a lo que dicen los números absolutos.
Calificar a la consulta popular para decidir si se investiga a los presidentes de México, atendiendo exclusivamente al número de participantes no sólo es incorrecto sino injusto para todos los que participaron y para todos los que ya no pudieron hacerlo.
Vivimos en un país en donde la sociedad fue adiestrada para ver, oír y callar; una sociedad donde el ciudadano era para los partidos políticos un objeto susceptible del mercado electoral y cuyo voto se tasaba en pesos, tinacos y despensas.
El ciudadano elector estaba acostumbrado a votar cada que se le requería para alejarse, inmediatamente después de depositar su voto, de la vida política y quejase después de las mentiras e incumplimientos de las promesas de campaña.
Por otro lado, para los ciudadanos comunes la justicia era (es todavía) un concepto lejano e incomprensible, al alcance solo de aquellos que cuentan con los recursos económicos y políticos para acceder a ella.
Dado todo lo anterior, el sólo hecho de proponer una consulta ciudadana para que la gente decida con su voto si debe de investigarse a los actores políticos del pasado y si sus decisiones fueron contrarias al bienestar general era impensable no sólo para la reacción también para algunos que se dicen de izquierda y que consideran que el pueblo mexicano no está listo para ejercer tal poder.
La consulta popular del 1 de agosto fue, a pesar del ine, un gran paso en el todavía largo camino de la construcción de una democracia participativa y su resultado fue la más clara manifestación de que la lucha por la justicia no ha concluido y que tenemos que seguir exigiendo se proceda contra los responsables.
La lucha sigue.
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