Aspectos oscuros de la ley francesa antipiratería

• A pesar de haber sido aprobada por la Asamblea y ratificada por el Senado, todavía quedan muchos puntos poco definidos que habrá que aclarar antes de que entre en vigor en octubre.

La ley Hadopi o ley antipiratería de los tres avisos que establece el corte de Internet a los usuarios que compartan contenido protegido con copyright ha superado todos los obstáculos legales para entrar en vigor.

El pasado martes la Asamblea aprobó la medida, que fue ratificada ayer por el Senado, sin embargo antes de que se ponga en marcha en octubre de forma gradual, existen ciertos aspectos poco claros que todavía tienen que perfilar.

Una de las zonas de oscuridad es la forma en la que se vigilará la conexión del internauta. Por ejemplo, en caso de la utilización de un acceso WiFi por parte de un tercero, el titular de línea será el único afectado por la sanción. La ministra de Cultura, Christine Albanel ha dicho que esto se puede solucionar con un software de seguridad, aunque surgen todo tipo de dudas respecto a su instalación en todos los ordenadores y su compatibilidad con los diferentes sistemas operativos. Igualmente, si se piratea la conexión WiFi, el único afectado sería el titular.

Otro punto poco definido es el corte de la conexión. En ese caso, el abonado no tendrá acceso a Intenet, pero seguirá pagando la factura porque el resto de servicios asociados (como telefonía fija y TV) tendrían que seguir operativo, algo que técnicamente es viable pero complejo de llevar a la práctica.

La dirección IP y la posibilidad de ocultarla es otro de los puntos que tendrán que tratar. Existen actualmente ofertas de IP públicas y privadas. Por ejemplo, las operadoras otorgan a las empresas una IP pública y muchas IP privadas situadas tras el router para organizar las conexiones de la red y solucionar el problema inherente al protocolo IPv4.

Además de estos problemas técnicos, existen incompatibilidades legales entre la medida francesa y la enmienda votada por el Parlamento Europeo, que establece Internet como un derecho fundamental cuya limitación tiene que contar con la decisión de un juez.