Con la instalación de una comisión binacional para revisar el caso de la secuestradora francesa Florence Cassez, el gobierno mexicano se ha plegado a la lógica racista y discriminatoria impuesta por el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y ha establecido un estatuto de privilegio absolutamente inaceptable en el marco legal de nuestro país, agraviante para los ciudadanos mexicanos y repudiable desde una perspectiva ética.
Es inevitable contrastar la deferencia que el calderonismo brinda a Cassez, convicta por 10 secuestros, y el atropello que perpetró contra Ignacio del Valle, líder atenquense condenado por la privación ilegal de la libertad de un funcionario, hecho que ocurrió cuando Del Valle se encontraba ya en la cárcel.
Leer editorial de la Jornada
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