10/24/2010 01:09:00 p. m.

No sólo entrega de la petroquímica, sino ilegalidad

ANTONIO GERSHENSON

Ya hemos hablado de dos casos de entrega en el sector de la petroquímica. Uno es que, en el complejo Pajaritos, en el que Pemex produce monómero de cloruro de vinilo (MCV), materia prima para la fabricación de varios productos, entre ellos el PVC, usado para producir tubos y otros bienes.
Mexchem había estado comprando este producto a Pemex, y se hizo una especie de sociedad en la que la paraestatal ponía terreno, planta, obra y similares, y Mexchem las operaría y obtendría los derivados para venderlos en su beneficio.
Luego, circula, aunque como “documento controlado”, un manual de operación de la “Sociedad”, en el que Pemex aporta las materias primas en un primer nivel de elaboración, pero ya en términos más generales que sólo el MCV.
En este documento se dice: “3.1. Activos que participan en la Sociedad. 1. Todos los activos y terrenos del Complejo Petroquímico Pajaritos (CPP), excepto los que se indican en el punto 3.2”. Y éstas son unidades que pertenecen a otro complejo estando en Pajaritos, o que son de otras dependencias de Pemex. Esto confirma la intención de entregar el complejo de Pajaritos prácticamente completo.
Ahora, los hechos están a la vista. Pemex está construyendo tres torres de vigilancia alrededor de todo Pajaritos, y una masa de personal del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales está haciendo –desde el lunes pasado–, precisamente, el avalúo de Pajaritos. O sea, que se desincorpora, se privatiza, se muestra la intención de entregar a Mexchem “asociado” todo el CPP, de Pemex. Y Pemex todavía paga los gastos de su propio entierro en la rama petroquímica en cuestión.
Ya el pasado viernes, el asunto se había hecho público en Coatzacoalcos y la prensa local agregó, entre otras noticias, que la privatización incluye al personal. Más de 2 mil trabajadores de base y de confianza de Pemex en Pajaritos serían liquidados (¿se dejarán?) y sustituidos por personal de confianza de Mexichem.
Ahora, los hechos están a la vista. Pemex está construyendo tres torres de vigilancia alrededor de todo Pajaritos, y una masa de personal del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales está haciendo –desde el lunes pasado–, precisamente, el avalúo de Pajaritos. O sea, que se desincorpora, se privatiza, se muestra la intención de entregar a Mexchem “asociado” todo el CPP, de Pemex. Y Pemex todavía paga los gastos de su propio entierro en la rama petroquímica en cuestión.
Ya el pasado viernes, el asunto se había hecho público en Coatzacoalcos y la prensa local agregó, entre otras noticias, que la privatización incluye al personal. Más de 2 mil trabajadores de base y de confianza de Pemex en Pajaritos serían liquidados (¿se dejarán?) y sustituidos por personal de confianza de Mexichem.
El otro caso del que hemos hablado y que ahora sale de nuevo a la luz es el del proyecto llamado Etileno XXI. El 9 de noviembre de 2009 se anunció que Pemex lo adjudicó a la sociedad conformada por las empresas mexicana Idesa y brasileña Braskem. Pemex Gas y Petroquímica Básica (GyPB) se compromete a suministrarles 66 mil barriles diarios de etano a precio fijo. Esto es ilegal, porque el etano es propiedad de la nación.
Pemex Petroquímica debe pagarlo a precios en función de los de una región de Estados Unidos y, por tanto, más caro que los de estas empresas privadas. Los funcionarios que participaron en las operaciones relacionadas nunca quisieron decir cuál es la cotización del etano para estas empresas.
Sin embargo, a principios de octubre se publicó que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai) ordenó a la paraestatal que difundiera la información sobre este contrato, en especial sobre el precio del etano. Pero el 27 de septiembre Idesa había promovido una demanda de amparo para impugnar al instituto.
Sin embargo, el juez federal a cargo negó la suspensión provisional solicitada. Violando una vez más la ley, en vez de acatar la orden judicial Pemex dijo que esa información es confidencial y en ningún momento puede hacerse pública (claro, ellos se irían a la cárcel).
El instituto tenía argumentos sólidos: “Dado que el etano se encuentra dentro de la petroquímica básica, misma que tiene reconocido el carácter de área estratégica para el desarrollo nacional sobre el cual el Estado ejerce funciones exclusivas, es de interés público conocer los instrumentos y la política comercial que sobre dicho bien tome el Estado mexicano”.
Agregó que “en el momento en que el consorcio ganador pactó con Pemex GyPB la fórmula del precio del etano con que este último suministrará el insumo en cuestión, dicha información trasciende del ámbito privado y se interna en el ámbito de lo público” y, por lo mismo, no estaba sujeto a mantenerse en secreto.
El mismo Ifai también ordenó a Pemex GyPB que entregue “de inmediato al solicitante una versión pública del contrato, en la que no podrá censurar algunos aspectos de la fórmula de precio, por ser referentes internacionales de dominio público”. El solicitante es el que pidió la información originalmente a Pemex por medio del Ifai.
Esto nos muestra que no sólo hay un saqueo por parte de funcionarios, de común acuerdo con empresas privadas, sino que al hacerlo se cometen delitos que permanecen, como suele suceder en nuestro país, en la más absoluta impunidad.

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