10/15/2010 04:26:00 p. m.

Se pretende privatizar todo el sector público...


...con la iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas, denuncia López Obrador


  • Pide a diputados federales que apoyan su movimiento que si es necesario tomen la tribuna de la Cámara, para impedir la aprobación de dicha legislación


Andrés Manuel López Obrador solicitó a los diputados federales del PRD, PT y Convergencia afines al movimiento que encabeza que no permitan la aprobación de la iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas y, si es necesario, les pidió que procedan a la toma de la tribuna del Recinto de San Lázaro.

Luego de que las bancadas del PRI y del PAN en el Senado de la República impusieron su mayoría para aprobar la mencionada legislación, el presidente legítimo de México expresó su rechazo al proceso de ratificación en la Cámara de Diputados, por tratarse de una propuesta encaminada a la privatización de los servicios públicos.

Acompañado por legisladores locales y federales del PRD, PT y Convergencia, sostuvo que la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, podrá construir hospitales, escuelas y hasta cárceles, así como obtener concesiones para el suministro de agua potable y la recolección de la basura, con la aprobación de la mencionada ley.

En suma, puntualizó, se trata de “la privatización de todo el sector público” y viene a confirmar que el gobierno espurio de Felipe Calderón facilita la realización de negocios privados, al amparo del poder público y que siempre se ponen de acuerdo el PRI y el PAN.

A pesar de que en apariencia hay un pleito entre las cúpulas de los partidos tricolor y albiazul, sobre todo en el tema de las alianzas electorales, los legisladores de ambas fuerzas políticas se ponen de acuerdo para aprobar leyes contrarias al interés popular, como quedó de manifiesto en el Senado de la República, Recordó también que hace un año, el presidente espurio tomó la decisión injusta e infame de despedir a 44 mil trabajadores electricistas. Posteriormente, a los dos días, salió el gobernador mexiquense, Enrique Peña, a expresar su apoyo a la determinación asumida por Calderón, porque se trata de una medida cuyo propósito es privatizar el sector eléctrico del país.

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Manuel Bartlett Díaz dijo que con la ley de asociaciones público-privadas que el Senado está a punto de aprobar, el gobierno de Felipe Calderón podrá avanzar en la privatización de prácticamente todo, y de manera inmediata la electricidad.

También dijo que el senador Eloy Cantú (PRI), presidente de la Comisión de Comercio e impulsor –junto con el PAN– de esa legislación, tiene interés especial en que se apruebe porque representa los intereses de los grandes grupos empresariales que quieren participar en el “jugoso negocio” que significa el sector eléctrico en la zona centro del país, una vez que quitaron la materia de trabajo a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Desmantelamiento del Estado

La iniciativa para crear la ley de asociaciones público-privadas –insistió Bartlett– es un paso más en el desmantelamiento del Estado, impulsado por los fuertes intereses económicos, porque además de la electricidad van por las escuelas, los hospitales, las cárceles, por todo aquello que les garantice fuertes ganancias sin riesgo alguno, ya que hasta van a financiarlos.

Deploró que mientras en el ámbito internacional la tendencia es recuperar la función rectora del Estado ante el fracaso de las privatizaciones, por ejemplo en Francia, con un gobierno conservador como el de Nicolas Sarkozy, ya lo echaron atrás, y en Estados Unidos la intervención del Estado con el gobierno de Barack Obama es enorme, en México “se acaba con lo poco que queda del aparato público.

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/10/index.php?section=politica&article=010n1pol

El Senado de la República aprobó ayer la Ley de Asociaciones Público-Privadas, reforma presidencial discutida durante un año en Xicoténcatl, la cual, según advirtió en tribuna el petista Ricardo Monreal, subasta el futuro del país, al entregar a consorcios nacionales y trasnacionales todos los servicios y obras que son responsabilidad del Estado.

Con excepción de la industria petrolera, los demás sectores, incluida la electricidad, se privatizan, ya que los capitales particulares podrán participar, financiados además con recursos públicos en la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, cárceles, e incluso administrarlos, con contratos hasta por 40 años.

Hasta el priista Francisco Labastida Ochoa dice que es el proyecto “más desmantelador del sector público” que ha conocido en 48 años de laborar en la administración pública federal.

La reforma, que en dos ocasiones fue frenada por el PRD y PT –la primera el 29 de abril pasado, cuando sólo se aprobó en lo general, y el pasado jueves quedó también pendiente cuando los perredistas rompieron el quórum–, ayer quedó aprobada con 85 votos a favor y ocho en contra y pasó a la Cámara de Diputados, donde continuará el proceso legislativo.

El senador del PT Monreal advirtió que la ley es una camisa de fuerzas para futuras administraciones, ya que tendrán que priorizar las obligaciones contraídas por gobiernos anteriores.

Además, la Ley de Asociaciones Público-Privadas “subasta el futuro del país”, toda vez que las obligaciones económicas asumidas por el Estado no serán contabilizadas como deuda, sino como gasto corriente, evadiendo el control del Congreso..

Si ya de por sí la corrupción avasalla las licitaciones públicas, ¡imaginen lo que sucederá si se deja el otorgamiento de contratos de forma discrecional!

Hubo cambios en 32 artículos y se agregaron dos para evitar que empresas privadas nacionales y extranjeras se apoderaran de la infraestructura ya existente, según contó Labastida. Las asociaciones público privadas, dijo, son sólo para obra nueva.

El priísta explicó que eliminaron la posibilidad de que el Estado contrate obras o servicios con fideicomisos, la opacidad en la asignación de contratos; que en el caso de expropiación de tierras se respeten las disposiciones de la Ley Agraria, para garantizar el derecho de audiencia del dueño original, y que los terrenos no puedan usarse mientras no se haya cubierto su costo a los afectados.

Sin embargo, el senador del PRI reconoció que falta incluir en la ley la prohibición expresa de garantizar rendimientos o ganancias a las empresas contratistas.

Además, se deben modificar leyes secundarias, a fin de establecer que la iniciativa privada no podrá participar bajo esa modalidad, en actividades como la seguridad pública, donde se requiere secreto para que la información no pueda filtrarse y beneficiar al crimen organizado.

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En resumen: sería el despojo más grande para el pueblo de México, no podemos permitirlo y es imperioso que nos manifestemos en contra de este nuevo atentado contra la nación y los derechos de los mexicanos.

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