28 Septiembre 2009
(AFP) – Hace 1 hora.
TEGUCIGALPA — El gobierno de facto de Honduras clausuró este lunes la radioemisora Globo de Tegucigalpa, uno de los últimos medios opositores al régimen que funcionaban en el país, tras un decreto que restringe las libertades públicas dado a conocer el domingo, constató la AFP.
El canal de televisión 36, que también mantenía una línea opositora, se encontraba la mañana del lunes rodeado por militares y la señal estaba fuera del aire, aunque no se confirmó si las instalaciones fueron tomadas.
Una veintena de policías antimotines y militares tomaron el edificio en que se encuentra alojada Radio Globo, a eso de las 05H30 locales (11H30 GMT) y sacaron la señal del aire, sin que encontraran resistencia, dijo a la AFP el periodista Carlos Paz que labora en ese medio de comunicación.
Paz agregó que hasta el momento no se había logrado localizar telefónicamente al director de la radio, David Romero.
Luego del ingreso, los policías comenzaron a retirar materiales y equipos del edificio de la emisora, ubicado en el céntrico Boulevard Morazán.
"Han desmantelado la radio, han desmantelado la Constitución de la República", dijo Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH). "Es una agresión total, estamos frente a un régimen militar", agregó.
Radio Globo ya había sido cerrada por el régimen los primeros dos días tras el golpe de Estado que depuso al presidente constitucional Manuel Zelaya, el pasado 28 de junio.
La noche del domingo, el gobierno de facto oficializó un decreto que restringe la libertades públicas con el propósito de contrarrestar las actividades del movimiento que busca el retorno de Zelaya a la Presidencia.
Zelaya regresó hace ocho días al país en forma secreta y se refugió en la embajada de Brasil, que permanece sitiada por centenares de soldados y policías.
Entre otras medidas, el decreto autoriza "impedir la emisión por cualquier medio hablado escrito o televisado, de manifestaciones que atenten contra la paz y el orden público", o que "atenten contra la dignidad humana de los funcionarios públicos o las decisiones gubernamentales.
En principio, el gobierno había dicho que el decreto debía ser ratificado por el Congreso. Las medidas tendrían una vigencia de 45 días a partir de su aprobación legislativa, de conformidad con el informe oficial.
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